El gobierno israelí decidió el pasado 19 de septiembre, imponer sanciones adicionales al régimen de Hamás, restringiendo el paso de varios artículos a la Franja de Gaza y reduciendo el suministro de combustible y electricidad.
Esta decisión ha agravado la difícil situación humanitaria del territorio y afecta muy negativamente a las 1.5 millones de personas que viven en él.
Este castigo colectivo está violando el derechos internacional humanitario que prohíbe todas las formas de castigo colectivo. Además, Israel, como potencia ocupante, es responsable en última instancia de garantizar el bienestar de la población palestina de los Territorios Ocupados, incluidas las personas que viven en la Franja de Gaza, que deben ser protegidas según el Cuarto Convenio de Ginebra.
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